El informe anticorrupción de la Unión Europea señala que el ámbito de la contratación pública es el más
proclive a la corrupción en toda Europa. Países como Estados
Unidos, Japón, Sudáfrica o Reino Unido cuentan con legislación referida a la
protección de relatores de conductas corruptas en el lugar de trabajo. ¿Conviene equiparar filtrador de documentos con denunciante de corrupción en términos legales?
El grupo
de Los Verdes en el Parlamento europeo ha presentado en Bruselas el borrador de una directiva para proteger a los ‘whistleblowers’
(alertadores o filtradores). Con ello, proponen que la Unión Europea extienda
una norma por la que queden protegidos los filtradores o alertadores de
información delictiva de todos los países miembros.
Lo que pide este grupo
parlamentario es una directiva por la que aquellos que filtran o hacen pública
información relativa a irregularidades en su entorno de trabajo, estén
protegidos de represalias injustas y abusos en el lugar de trabajo. Hasta ahora, recuerdan, la Comisión
Europea no ha actuado al respecto.
Con su propuesta, esperan
“incentivar a la Comisión Europea a que use su poder para proponer legislación
sobre protección de los ‘whistleblowers’ en toda Europa”. Persiguen que se
incorporen a la legislación de la UE estándares internacionales sobre cómo
proteger de la mejor forma a los ‘whistleblowers’, además de que se
garanticen los derechos y la movilidad de los trabajadores y se proteja de
prácticas fraudulentas tanto a instituciones públicas como a compañías privadas.
El nivel de corrupción en
Europa
El informe anticorrupción de la UE publicado en febrero de 2014 señala diferencias en el tipo y nivel de
corrupción de los distintos países europeos, e incide en la vulnerabilidad de la
contratación pública frente a la corrupción, es decir, en el peligro de que las
compras o contrataciones a cargo de instituciones públicas se usen para
lucrarse a través de métodos corruptos. El informe da el dato de que cada
año se destina a contratos públicos un 20% del PIB de la Unión Europea, y
en todos los Estados miembros este es el ámbito más proclive a la corrupción.
Esto sucede porque los mecanismos de control son insuficientes.
En el mismo informe se
cita un estudio de 2013 que indica que los costes directos de la corrupción en
la contratación pública de cinco sectores (carreteras y ferrocarriles, agua y
residuos, construcción y equipamientos e investigación y desarrollo) en
ocho Estados miembros (Francia, Italia, Hungría, Lituania, Países Bajos,
Polonia, Rumanía y España) llegaron a entre 1.400 y 2.200 millones de euros.
Según datos de 2014, los
países europeos en los que es más probable que los encuestados crean que la
corrupción está muy extendida, son: Grecia (99 %), Italia (97 %), Lituania, España y
la República Checa (95 % en cada uno de ellos).
Aproximadamente uno de
cada doce europeos, lo que representa un 8%, afirma que han vivido o
presenciado un caso de corrupción en los últimos 12 meses.
Cerca de las tres cuartas
partes de los europeos (73 %) afirman que el soborno y la utilización de
los contactos es a menudo la manera más sencilla para obtener determinados
servicios públicos en su país.
Que, como sucede en
España, exista una ley que diga que los ciudadanos tienen la obligación de informar a las autoridades
cuando sean testigos de un hecho delictivo, no es de ningún modo garantía de
protección para quienes denuncian corrupción. Pues esa ley no impide que
el denunciante sea expulsado de su trabajo, sometido a acoso o amenazado.
A pesar de que existen
instrumentos para iniciar una verdadera lucha contra la corrupción, los países
no los han aplicado o lo han hecho de forma insuficiente
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU, 2003) establece en su
artículo 33 que queda en manos de cada Estado “considerar la posibilidad de
incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para
proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que
denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos
razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados”.
Han pasado 13 años y sobra
decir que es evidente que quien en España denuncia corrupción en la administración pública se pone a sí mismo en peligro. No se realizan esfuerzos para promover,
como establece la ONU, “la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre
los funcionarios públicos”.
Desde 2006, la OCDE
recomienda proteger por ley a los funcionarios que denuncian delitos
relacionados con la corrupción, pero España tampoco se ha acogido a esta
recomendación.
En noviembre de 2010, en
Seúl, la Cumbre del G-20 identificó la protección de los denunciantes como un área de alta prioridad en
su agenda para luchar contra la corrupción en todo el mundo.
Según un estudio de
2013 de Transparencia Internacional, en España no hay legislación para proteger a trabajadores públicos ni privados
de posibles medidas legales tomadas contra ellos por haber denunciado algún
delito.
¿Qué países tienen la
legislación más avanzada y específica si hablamos de proteger a denunciantes de
corrupción?
En Estados Unidos existe
la Whistleblower Protection Act (WPA), de 1989. Con esta norma,
el Congreso enmendó la Civil Service Reform Act de 1978. La WPA
estadounidense dice que el Congreso considera que “proteger a los
empleados que revelan ilegalidades gubernamentales, despilfarro y corrupción es
un paso importante hacia un servicio público más efectivo”. De acuerdo a la ley
que sustituye a la de 1978, el Congreso de EE.UU. cuenta con la Oficina del
Fiscal Independiente (Office of Special Counsel), un departamento específico
“para proteger de represalias a los whistleblowers”, a quienes define como
“aquellos que revelanacciones descritas en la sección 2302” del Código de leyes de Estados Unidos. Esa Oficina sería la encargada de
investigar a los funcionarios del Gobierno para vigilar sus buenas prácticas.
Japón cuenta también
con legislación para protección a whistleblowers: La Whistleblower Protection Act de 2004. Pero esta denominación de la ley viene poruna traducción que se indica
que no es oficial y que sólo los términos incluidos en la ley japonesa original
son jurídicamente válidos. Se destaca que los términos empleados en la
traducción sirven sólo como referencia para comprender el alcance de la regulación,
por lo que podemos entender que se refiere a protección para filtradores o
reveladores de información, como en el caso de EE.UU.
En enero de 2011, la corte
Superior de Tokio ordenó a una empresa pagar 2,2 millones de yenes (25.000
euros) a un empleado por haberlo trasladado a otro departamento dentro de la
compañía después de que el trabajador comunicara a sus superiores la queja de
un proveedor.
Según la traducción al
inglés, la ley japonesa se creó “para proteger a ‘whistleblowers’ de
nulidades o despidos por motivos de ‘whistleblowing’ (haber informado) de
irregularidades y para establecer las medidas a adoptar en relación a las
irregularidades reveladas, así como promover el cumplimiento de las leyes y
reglamentos en relación a la protección de la vida, la integridad física, la
propiedad y otros intereses de los ciudadanos”.
En Sudáfrica existe
la Protected Disclosures Act de 2000, que se define como una ley creada “para prever procedimientos que
permitan a empleados, tanto del sector público como privado, revelar
información sobre conductas ilegales o irregulares cometidas por sus
empleadores u otros empleados en el lugar de trabajo, así como para proteger a
los empleados que hacen una ‘revelación protegida’ según lo establecido por
esta ley”.
Si nos vamos a Europa, Reino
Unido cuenta desde 1998 con la Public Interest Disclosure Act. Esta norma fue creada “para proteger a individuos que revelan
información de interés público así como permitir que estos emprendan
acciones en caso de acoso”.
Expertos consultados
coinciden en que las de Reino Unido y Sudáfrica son las normas más completas
por contar con definiciones más minuciosas de lo que se quiere proteger. Por
ejemplo, la ley de Reino Unido incluye protección del puesto de trabajo, para
que quien informa de irregularidades no pueda ser despedido por ello.
Pero se habla de informantes o relatores y no de denunciantes jurídicamente hablando. Este punto genera confusión porque alguien que informa de algo, filtra información o la pone en conocimiento de una administración, no es necesariamente un denunciante.
Pero se habla de informantes o relatores y no de denunciantes jurídicamente hablando. Este punto genera confusión porque alguien que informa de algo, filtra información o la pone en conocimiento de una administración, no es necesariamente un denunciante.
Según señala el documento
sobre el Encuentro Regional de Responsabilidad del Sector Privado en la
Lucha contra la Corrupción (Bogotá, 2013), dentro de Europa también
tienen legislación específica sobre esta materia Bélgica, Francia, Noruega,
Rumanía y Holanda.
El presidente de la Plataforma X la Honestidad -que ha presentado el anteproyecto de ley de protección de denunciantes para España-, Pedro Arancón, asegura que "no hay ningún país en el mundo que blinde totalmente a denunciantes de corrupción", en cuanto a que se proteja su puesto de trabajo, su anonimato a la hora de denunciar, su integridad física y psicológica y se le brinde cobertura jurídica.
Arancón considera que una legislación eficiente que proteja a los denunciantes de corrupción "se verá al final como la necesidad de proteger a las mujeres maltratadas, como algo indispensable en un país civilizado, aunque todavía esté echando a andar".
El presidente de la Plataforma X la Honestidad -que ha presentado el anteproyecto de ley de protección de denunciantes para España-, Pedro Arancón, asegura que "no hay ningún país en el mundo que blinde totalmente a denunciantes de corrupción", en cuanto a que se proteja su puesto de trabajo, su anonimato a la hora de denunciar, su integridad física y psicológica y se le brinde cobertura jurídica.
Arancón considera que una legislación eficiente que proteja a los denunciantes de corrupción "se verá al final como la necesidad de proteger a las mujeres maltratadas, como algo indispensable en un país civilizado, aunque todavía esté echando a andar".
¿Qué es el
‘whistleblowing’ y quién puede llamarse ‘whistleblower’?
No existe una definición
jurídica común de ‘whistleblowing’. La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) lo define como lo referido a informes por los que empleados o ex
empleados dan cuenta de una conducta ilegal o poco ética por parte de sus
empleadores.
Esta definición se está
refiriendo más a los documentos, u otro tipo de pruebas, que alguien hace
públicos para demostrar un hecho delictivo del que ha tenido constancia, que a
la propia persona que descubre o hace entrega de esos documentos a una
autoridad fiscal o a la administración para la que trabaja. Por ello, aunque
por el auge de las filtraciones el término ‘whistleblower’ se use cada vez más, no es conveniente usarlo si lo
que se quiere es hablar en términos legales de personas que se ponen en
peligro por denunciar corrupción.
Aun así, debe quedar claro
que cuando se habla de la creación de sistemas de ‘whistleblowing’ (que están
siendo adoptados por muchos más países que los citados) se está haciendo
referencia a sistemas por los que los empleados puedan realizar denuncias de
irregularidades contempladas en su lugar de trabajo.
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